D. Héctor Izquierdo se ha convertido en el próximo académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Canarias, tras una votación secreta y unánime de la Asamblea de esta institución de reciente creación en las Islas que promueve la investigación y la práctica del Derecho, formada por magistrados y juristas de reconocido prestigio. En su candidatura se ha valorado el trabajo que ha realizado para establecer un marco jurídico a partir de la erupción volcánica de La Palma, del cual dio buena cuenta durante el acto de lectura jurídica de su defensa organizado por el Colegio de Abogados de La Palma este lunes en la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma.
Su candidatura se fundamenta, además, en su formación como abogado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y en su carrera profesional desarrollada en una veintena de países, simultaneando las áreas directiva, docente e investigadora. Está avalada por dos distinguidos juristas que ya son miembros de la Academia: el decano del Colegio Notarial de Canarias, D. Alfonso Cavallé, y el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, D. Juan Antonio Rodríguez, ambos de origen palmero. Cavallé, quien introdujo al ponente, elogió el currículum de Izquierdo y anunció durante la conferencia el resultado de la votación de la Asamblea de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Canarias, que aprobó por unanimidad la propuesta del hoy Alto Cargo del Estado.
El Comisionado para la Reconstrucción de La Palma explicó que “durante la erupción volcánica tuvimos que establecer un sistema flexible pero garantista”. “Todo un reto que hoy sirve de modelo para futuras catástrofes naturales, enfocado en mantener el equilibrio entre la rapidez necesaria para la recuperación y la garantía de derechos y procedimientos legales”, explicó. El trabajo jurídico en condiciones de excepcionalidad hizo que la legislación se pusiera al servicio de las personas, de los afectados, no del procedimiento. En el acto, Izquierdo agradeció el trabajo del equipo de más de 50 notarios que durante la erupción estaban, bajo la batuta de Cavallé, registrando las propiedades amenazadas por la lava así como la del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma que a través del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Especializada ante Situaciones de Emergencias y Catástrofes (SOAJEC) fue clave en colaborar en la elaboración de los Protocolos para la creación del Plan de Emergencia Social, así como la prestación de asesoramiento y orientación jurídica gratuita, en materia civil y administrativa, sobre cuestiones relacionadas o derivadas de la situación de emergencia volcánica producida por la erupción del Volcán Tajogaite el pasado día 19 de septiembre de 2021 a personas en especial situación de vulnerabilidad; también hizo mención a la labor de las asociaciones de afectados, quienes canalizan las necesidades de quienes estaban siendo desalojados, evitando el caos registral.
Desde todas las instituciones implicadas en la reconstrucción se han impulsado instrumentos legales específicos para abordar diferentes necesidades. “La coordinación entre administraciones ha sido fundamental en este proceso”, indicó Izquierdo, quien insistió en la necesidad de aprender de lo sucedido para anticiparse al desastre y “decidir cómo reconstruimos”. En primer lugar, gestionar la emergencia, adoptando medidas excepcionales y rápidas para atender a la población y minimizar daños, expropiaciones urgentes y ocupaciones temporales de terrenos para actuaciones de emergencia. Además, cambios en la ordenación del territorio para facilitar la reconstrucción, normas de protección ambiental y activación de fondos de compensación, ayudas directas y subvenciones para afectados por el volcán, aplicando procedimientos especiales que redujesen la burocracia.
Todo ello respetando los derechos de los afectados a la información y participación en los planes de reconstrucción y sus garantías en materia de expropiación y protección social, siempre trabajando en colaboración con las diferentes administraciones de diferente ámbito involucradas, entre las que se establecieron comités de seguimiento jurídico.
