El Consejo tiene por finalidad agrupar, coordinar a los Colegios integrados en él y asumir su representación en las cuestiones de interés común entre el Gobierno de la comunidad y, en general, ante cualquier organismo, institución o persona, física o jurídica, que sea necesario para el cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada Colegio.

En el ámbito de su competencia tiene las siguientes funciones:

• Las atribuidas por la Ley de Colegios Profesionales en cuanto tengan ámbito o repercusión en toda la Comunidad de Canarias, y cuantas otras le fueren encomendadas por virtud de disposiciones generales o especiales, siempre que no interfieran la autonomía y las competencias propias de cada Colegio.
• Aprobar y modificar su propio Estatuto, previos los trámites pertinentes.
• Formar y mantener el censo de los Abogados incorporados a los Colegios que integran el Consejo.
• Fomentar, crear y organizar instituciones, servicios y actividades, con relación a la profesión de Abogado, que tenga por objeto la formación y perfeccionamiento profesional, la promoción cultural, la asistencia social y sanitaria, la previsión, la cooperación y el mutualismo, el fomento de la ocupación y otras actuaciones convenientes. Establecer, a tales fines, conciertos y acuerdos con la Administración y las Instituciones o Entidades que corresponda.
• Ordenar la actividad profesional de los Colegios, velando por la formación, la ética y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, sin perjuicio de las competencias propias de cada Colegio.
• Convocar y celebrar Congresos, Jornadas, Simposiums y actos similares relacionados con el Derecho y con el ejercicio de la Abogacía.
• Editar libros y trabajos de carácter jurídico sobre la legislación y jurisprudencia para Canarias y publicar las normas y disposiciones de interés para los Abogados de la Comunidad.
• La colaboración de los poderes públicos en la realización y pleno desarrollo de los derechos de la persona y de las instituciones dentro de su propio territorio y en la más eficiente, justa y equitativa protección, regulación y garantía de los derechos y libertades de la persona.
• Defender los derechos de los Colegios de Abogados canarios, así como los de sus colegiados, ante los Organismos autonómicos, cuando sea requerido por el Colegio respectivo o así esté legalmente establecido.
• El ejercicio y la gestión de aquellas competencias públicas del Gobierno de la Comunidad que le sean delegadas o reciba de la misma.
• Designar representantes de la Abogacía para participar, cuando así estuviere establecido en los Consejos y Organismos consultivos de la Administración Pública del ámbito de Canarias.
• Llevar un registro de sanciones que afecten a los Abogados de los Colegios canarios.
• Aprobar su propio presupuesto de ingresos y gastos y cuentas del mismo.
• Establecer los ingresos propios que pudiera tener por derechos y retribuciones como consecuencia de los servicios y actividades que preste.
• Fijar equitativamente la cooperación de los Colegios a los gastos del Consejo, por aportaciones fijas, eventuales o derramas extraordinarias.
• Realizar respecto al patrimonio propio del Consejo toda clase de actos de disposición y gravamen.
• Podrá resolver los recursos que se interpongan contra los actos de los órganos de gobierno de los Colegios miembros.
• Cualquier otra función similar a las contenidas en los apartados anteriores, no expresamente determinadas en ellos, así como aquellas que le sean transferidas o delegadas por el Consejo General.